CDMX propone resguardo bajo llave de celulares en escuelas públicas

La Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con autoridades educativas de la Ciudad de México, ha iniciado una serie de consultas con el personal docente para definir mecanismos que permitan regular el uso de teléfonos celulares en los planteles de educación básica. El objetivo principal de esta iniciativa es reducir las distracciones durante las horas de clase y mejorar la convivencia escolar, proponiendo como medida central el resguardo de los dispositivos bajo llave durante la jornada académica.

Esta propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación de padres de familia y profesores sobre el impacto que los dispositivos móviles tienen en el rendimiento académico y en la atención de los estudiantes. Los directivos escolares han señalado que, en los últimos meses, se ha vuelto más complejo gestionar el uso de estos aparatos, los cuales frecuentemente interfieren con las dinámicas pedagógicas y el ambiente de respeto dentro de los salones.

El planteamiento técnico contempla que cada institución educativa establezca áreas de almacenamiento seguro, como casilleros o cajas de resguardo bajo supervisión docente, donde los alumnos depositen sus teléfonos al ingresar al centro escolar. Este modelo busca evitar que los estudiantes tengan acceso a redes sociales o videojuegos durante las horas lectivas, garantizando que los dispositivos sean devueltos al concluir el horario de clases establecido por la SEP.

Representantes de la comunidad educativa han indicado que cualquier implementación de esta política requerirá de un consenso amplio que incluya a las asociaciones de padres de familia. La intención es que la medida no sea vista como una imposición, sino como un acuerdo colaborativo que favorezca el entorno de aprendizaje en las escuelas de la capital mexicana.

Finalmente, las autoridades educativas han enfatizado que el diálogo con los docentes es el paso inicial para evaluar la viabilidad logística de este proyecto. Se espera que, tras concluir las consultas, se puedan establecer lineamientos claros que equilibren el derecho a la comunicación con la necesidad de mantener un entorno libre de interrupciones digitales en los espacios de enseñanza.