Especialistas piden destinar el ocho por ciento del PIB a educación pública

Especialistas en políticas públicas y académicos han manifestado esta semana la necesidad de que el Estado mexicano incremente gradualmente el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública hasta alcanzar el ocho por ciento del Producto Interno Bruto. Este llamado surge como respuesta directa a los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025, publicados recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los cuales evidencian retos significativos en los niveles de competencia académica de los alumnos a nivel global.

Los analistas señalan que, ante el escenario actual de desempeño escolar reflejado en las evaluaciones internacionales, el financiamiento resulta insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura, capacitación docente y actualización de materiales pedagógicos en las entidades federativas. La propuesta busca que los recursos adicionales se enfoquen en cerrar las brechas de aprendizaje detectadas en áreas críticas como lectura y razonamiento lógico-matemático, priorizando las regiones con mayores índices de vulnerabilidad social.

Desde la perspectiva del sector académico, el incremento presupuestario debería ser gestionado por la SHCP en coordinación con la SEP para garantizar que los fondos lleguen directamente a los centros escolares. La propuesta sostiene que el fortalecimiento de la educación pública no solo es una respuesta a la evaluación PISA, sino un requisito indispensable para mejorar la competitividad del capital humano en el país a largo plazo.

Aunque el gobierno federal ha mantenido diversos programas de becas y apoyos a la infraestructura escolar, los expertos subrayan que el volumen de inversión actual no permite una transformación integral del sistema educativo. El debate sobre el presupuesto educativo se trasladará previsiblemente a la discusión del Paquete Económico en la Cámara de Diputados, donde diversos sectores buscarán que la educación sea declarada como la prioridad absoluta en la agenda de gasto público para el próximo ejercicio fiscal.

Finalmente, los promotores de esta iniciativa enfatizan que el éxito de cualquier reforma educativa depende de una planeación estratégica que acompañe al aumento de los recursos financieros. La meta es establecer un modelo de gestión que asegure la transparencia en el ejercicio del presupuesto, permitiendo que cada peso invertido se traduzca en una mejora medible en el aprovechamiento escolar de los estudiantes mexicanos.