Especialistas urgen elevar inversión educativa al 8% del PIB nacional

Especialistas en política educativa y organismos de la sociedad civil han urgido al Gobierno Federal a incrementar el gasto público en educación hasta alcanzar, al menos, el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta demanda surge tras la reciente publicación de los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025, elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales evidencian retos significativos en los niveles de competencia académica de los estudiantes mexicanos.

Los datos presentados por la OCDE reflejan una tendencia preocupante en el desempeño de los alumnos en áreas críticas como matemáticas y lectura, situando al sistema educativo frente a un desafío estructural de largo plazo. Ante este escenario, diversos analistas han argumentado que el presupuesto actual, gestionado a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), resulta insuficiente para cerrar las brechas de aprendizaje que se han acentuado en los últimos ciclos escolares.

La propuesta de destinar el 8% del PIB busca fortalecer la infraestructura de los planteles, actualizar los programas de capacitación docente y garantizar la equidad en el acceso a materiales educativos de calidad. Según los proponentes de esta medida, una inversión sostenida permitiría una mayor articulación con las políticas de ciencia y tecnología, optimizando los recursos que actualmente se destinan a la formación básica y media superior en todo el territorio nacional.

Representantes de diversas organizaciones académicas señalaron que el impacto de los resultados de PISA 2025 debe ser tomado como una hoja de ruta para definir las prioridades presupuestales en el próximo ejercicio fiscal. La discusión, que ya comienza a permear en las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se centra en la viabilidad financiera de este incremento y su impacto en la calidad del aprendizaje.

Finalmente, el debate sobre la inversión educativa se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda pública de septiembre de 2026. Mientras el Poder Ejecutivo evalúa los mecanismos de asignación presupuestal, la comunidad educativa insiste en que la mejora en los indicadores de rendimiento está intrínsecamente ligada a una política de financiamiento robusta y transparente, capaz de atender las necesidades de las distintas regiones del país.