La Rúbrica

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Vol. XIV · Núm. 833
México

Gobierno destinará recursos recuperados de caso García Luna a escuelas en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que 5.8 millones de dólares recuperados se canalizarán a infraestructura educativa en Guerrero, mientras continúa la búsqueda de activos vinculados a la red de los Weinberg.

Redacción La Rúbrica
Foto: sdpnoticias.com

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que un monto de 5.8 millones de dólares, recuperados tras investigaciones relacionadas con Genaro García Luna, será destinado a fortalecer la infraestructura educativa en el estado de Guerrero. Estos recursos, provenientes de procesos judiciales internacionales, forman parte de los esfuerzos del gobierno federal por reintegrar al patrimonio público los fondos derivados de actos de corrupción detectados en administraciones pasadas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que los fondos serán administrados bajo esquemas de transparencia para asegurar que lleguen directamente a la mejora de planteles escolares en zonas con mayores necesidades. La estrategia busca que el dinero obtenido mediante la recuperación de activos ilícitos tenga un impacto social tangible en las comunidades que históricamente han enfrentado mayor rezago educativo en la entidad guerrerense.

Por otro lado, la administración federal ha confirmado que las gestiones para localizar y repatriar más activos vinculados a este entramado continúan vigentes. Las autoridades mexicanas mantienen una estrecha colaboración con instancias internacionales para rastrear los recursos asociados a la familia Weinberg, identificada en investigaciones previas como parte de la red de empresas que operaron durante el periodo en que García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

El Gobierno de México subrayó que la recuperación de estos capitales es una prioridad dentro de la política de austeridad y combate a la corrupción. Se espera que, conforme avance la cooperación judicial con otros países, el Estado pueda asegurar la devolución de más recursos financieros que fueron desviados mediante contratos irregulares, los cuales serán canalizados nuevamente a programas de bienestar y desarrollo social a nivel nacional.

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