Grecia Quiroz cuestiona permanencia de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa

Grecia Quiroz manifestó este martes su postura crítica respecto a la continuidad de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Enrique Inzunza Cázarez en la administración pública estatal. Durante una intervención pública, Quiroz calificó como un error político y ético que ambos funcionarios permanezcan en sus cargos mientras persisten diversos señalamientos que los vinculan con presuntas actividades ilícitas y nexos con el crimen organizado en la entidad.

La postura de Quiroz se alinea con una exigencia de mayor escrutinio sobre la integridad de quienes ocupan puestos de representación popular y cargos de alta responsabilidad en el aparato gubernamental. Según sus declaraciones, la permanencia de perfiles bajo sospecha debilita la confianza institucional y contraviene los principios de rendición de cuentas que la ciudadanía demanda actualmente a todos los niveles de gobierno en el país.

En su mensaje, la política hizo un llamado urgente para que las autoridades competentes, incluyendo a la Fiscalía General de la República, profundicen en las investigaciones correspondientes. Propuso que, como medida de transparencia, los servidores públicos señalados por posibles vínculos delictivos se separen voluntariamente de sus funciones para permitir procesos de investigación imparciales que no obstruyan la procuración de justicia en el estado.

Quiroz enfatizó que la tolerancia cero a la corrupción debe ser el eje rector de cualquier administración pública en México. Argumentó que el combate a la impunidad es indispensable para restaurar el tejido social en Sinaloa, una entidad que ha enfrentado retos significativos en materia de seguridad y estabilidad política en los últimos meses.

Finalmente, la exigencia de Quiroz busca abrir un debate nacional sobre los mecanismos de control y los filtros de confianza necesarios para los servidores públicos. La propuesta se centra en la necesidad de establecer estándares más estrictos de probidad para garantizar que la gestión pública sea ajena a cualquier interferencia de grupos fuera de la ley.