Propuesta busca aplicar cobro por derechos de autor en dispositivos electrónicos

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a analizar una propuesta legislativa que contempla la implementación de un cobro adicional sobre el valor de venta de dispositivos electrónicos. Este esquema, denominado por diversos sectores como compensación por copia privada, afectaría a teléfonos inteligentes, tabletas y unidades de almacenamiento USB, bajo el argumento de proteger la propiedad intelectual de los creadores mexicanos.

De acuerdo con la iniciativa en revisión, el gravamen podría alcanzar hasta un 2% sobre el costo final de los equipos electrónicos antes de impuestos. El objetivo central de esta medida, según el planteamiento de las autoridades culturales, es establecer un mecanismo de retribución para los autores cuyas obras son susceptibles de ser almacenadas o reproducidas en dispositivos digitales de uso personal por parte de los consumidores.

La propuesta ha generado una serie de inquietudes entre diversas organizaciones de la sociedad civil y representantes de la industria tecnológica en México. Los principales puntos de debate giran en torno al posible impacto que este incremento tendría en el precio final al consumidor, así como la viabilidad operativa para la recaudación de estos fondos y su posterior distribución entre los titulares de derechos de autor y artistas nacionales.

Hasta el momento, el proyecto se encuentra en una etapa de análisis técnico y consulta con diversos actores involucrados. Las autoridades federales han señalado que cualquier avance en esta materia deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la Unión, donde los legisladores deberán debatir la pertinencia y las implicaciones económicas de este nuevo esquema de recaudación.

El equipo técnico de la Secretaría de Cultura ha indicado que el modelo busca alinearse con estándares internacionales de protección a la propiedad intelectual, aunque enfatizaron que aún no existe una determinación definitiva. La discusión continuará en los próximos meses, con la expectativa de conocer si el planteamiento será formalizado como una iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados durante el próximo periodo de sesiones.