SEGOB propone aumentar presupuesto para defensa jurídica y atención migratoria en 2027

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) presentó ante el Congreso de la Unión una propuesta de incremento presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, enfocada en áreas clave de asistencia ciudadana y gestión migratoria. El proyecto contempla una partida de 119.8 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer la defensa jurídica, la atención a personas en contexto de movilidad y la facilitación de trámites testamentarios a nivel nacional.

De acuerdo con el documento entregado por la dependencia, este incremento tiene como objetivo principal ampliar la capacidad operativa de las oficinas encargadas de brindar asesoría legal a sectores vulnerables. La propuesta destaca la necesidad de robustecer el servicio de atención en las delegaciones regionales, donde la demanda de apoyo en temas de regularización migratoria y seguridad jurídica patrimonial ha crecido sostenidamente en los últimos meses.

El plan presupuestal subraya que, de aprobarse esta asignación, se buscará una mayor eficiencia en el acompañamiento a connacionales y extranjeros que requieren certeza sobre su situación administrativa. Parte de los fondos estarían destinados a la actualización de sistemas digitales que agilicen la expedición de documentos y la formalización de testamentos, facilitando el acceso a estos servicios en comunidades alejadas de los centros urbanos.

Representantes de la dependencia señalaron que la estrategia responde a la necesidad de garantizar el derecho al acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Asimismo, se contempla que una porción de estos recursos se dirija a la capacitación de personal especializado en materia migratoria, con el propósito de mejorar la atención en los puntos de entrada y oficinas de representación estatal.

El proyecto se encuentra ahora bajo análisis de la Cámara de Diputados, donde las comisiones correspondientes evaluarán la viabilidad de la partida solicitada dentro del paquete económico integral. La discusión legislativa se centrará en los criterios de distribución de estos recursos y el impacto esperado en la atención directa a la población, conforme a las prioridades definidas para el próximo ciclo presupuestario.